GOBIERNO FEDERAL PRETENDE MILITARIZAR CAPITANÍAS DE PUERTOS

mente se analiza en el Congreso de la Unión, propone transferir las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina,Proyecto de Reforma dejaría en manos de la Armada de México el escrutinio de leyes comerciales

  • Desaparecerían a la Marina Mercante con efectos para empresarios, agentes aduanales y trabajadores de la cadena logística

La Unión Nacional de Transportistas Campesinos y el Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMAC) se pronunciaron en contra del proyecto de Reforma del Gobierno Federal, que pretende militarizar las capitanías de puerto con la propuesta de cambio a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.

En Conferencia de prensa, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos, Salvador Rivera Castrellón, señaló que la iniciativa que actualmente se analiza en el Congreso de la Unión, propone transferir las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina, lo que implica la desaparición de la Marina Mercante, que ha venido siendo la responsable de aplicar la Ley vigente, el fomento al comercio exterior de México y aplica los tratados internacionales en materia de transporte de bienes y servicios.

La iniciativa federal es contraria al espíritu de la Constitución Política Mexicana, ya que dejaría en manos de los marineros de la Armada de México el escrutinio de leyes comerciales civiles, cuando su labor fundamental debe ser la de seguridad nacional.

“El almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, debe saber que su personal ha desperdiciado el precario capital portuario, despilfarrado recursos económicos del presupuesto federal, y es una total aberración permitir que las autoridades de Marina Militar se ocupen de y no están preparados para ser empresarios, agentes aduanales, administradores o industriales”.

Por su parte, capitán Cruz Colorado Viccon, dirigente del Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMAC) consideró que la aplicación de la actual Ley a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el trabajo coordinado con los Marinos Mercantes, ha permitido que los puertos hayan mejorado en conceptos como seguridad, economía y eficiencia, pues se trata de personal preparado acorde a la Legislación Marítima Internacional, con amplia y comprobada trayectoria profesional, y homologado para la aplicación de convenios internacionales.

“El personal de la Marina Mercante se ha preocupado por desarrollar tecnologías operativas en puertos y la navegación en la mar, por lo que sería un error que la iniciativa presentada por el secretario de Marina fuera aprobada por la Cámara de Senadores y se militarizara a los puertos, situación que afectaría no sólo a los marinos mercantes, sino también a empresarios, agentes aduanales y trabajadores de la cadena logística, de hacerlo; nuestro país retrocedería 50 años”, apuntó.

Participó también el ingeniero Enrique Othón Pacheco, secretario general de la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante de México, y el ingeniero Antonio Moreno Alpuche, presidente de la Asociación de Oficiales en Comunicaciones Marítimas, quienes precisaron que la aplicación de inspecciones que realiza la Capitanía de Puerto, se refiere a técnicas aplicables a los tratados internacionales y a los buques que efectúan operaciones en los puertos mexicanos procedentes de otros países, los cuales forman parte de los tratados comerciales. Por todo ello, a los inspectores del país corresponde la verificación estatutaria de acuerdo con la normatividad vigente, pero no corresponde a los marines militares.

Reconocieron que en el tema se inseguridad y narcotráfico, es necesaria la intervención de la Secretaría de Marina, mediante la formación y uso de los equipos con que dispone y en donde además es importante aumentar la eficiencia del personal en todas las aduanas del país, a fin de dar mejores resultados en el sistema de vigilancia de patrullas en los litorales mexicanos.

Finalmente, la Unión Nacional de Transportistas Campesinos y el Frente Unido de Marinos Mercantes, se pronunciaron y pidieron al presidente Enrique Peña Nieto y a los legisladores que paren esta iniciativa, que seguramente sería causa de grandes pérdidas económicas y afectaría el esquema de empleo e incluso las relaciones internacionales del comercio y transporte de bienes y servicios.

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